Contratista de Central Punta Catalina denuncia que unidades no pasaron prueba VEROPE


Tras años de retrasos y muchos escándalos por denuncias de corrupción, entraron en operación las unidades uno y dos de la Central Eléctrica Punta Catalina, acompañadas a su lado de una creciente montaña de cenizas que cuestiona la promesa oficial de que la obra generaría bonos verdes.

Recordemos la siguiente declaración del entonces ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, el 3 de julio de 2017: “República Dominicana con la entrada de Punta Catalina probablemente tendrá bonos verdes”.

Una historia agitada por las denuncias de corrupción, y marcada por los conflictos entre el Gobierno dominicano y la empresa constructora, que se zanjó en marzo del presente año, iniciando en el territorio nacional la pandemia del COVID-19. El acuerdo significó para el país un pago adicional ascendente a US$395.5 millones, para dejar atrás la demanda en su contra en una corte de arbitraje internacional.

Y en el presente,las dos unidades de la Central Punta Catalina están en operación. Según los reportes del Organismo Coordinador, al 30 de junio del presente año tanto la unidad uno, como la dos, estaban operando, cada una con una generación de 365 MW. Un total de 730 MW.

Sin embargo, al parecer, por la forma en que iniciaron las operaciones de la Central Punta Catalina, tampoco se cumplieron con rigor las etapas predeterminadas para garantizar su correcto funcionamiento, de acuerdo con un informe de la firma Serafín Canario y Asociados SRL, empresa contratista.

Según el ingeniero Serafín Canario, su presidente, la actual administración de la Central Punta Catalina, encabezada por el economista Jaime Aristy Escuder, no le permitió a su empresa realizar la prueba VEROPE a la unidad #2 de la Central, de lo que dependía la certificación que determinara que podía iniciar sus operaciones.

Y que, aún así, mediante la comunicación CDEEE-2020-005592 de fecha 29 de mayo de 2020, la Corporación le informó que la CDEEE tramitaría a favor de esa empresa el pago establecido en el acuerdo, aunque no realizó la prueba VEROPE.

Una propuesta inapropiada

En un comunicado para la prensa, hecho llegar a este periodista, Canario informa que la propuesta de pago fue rechazada: “Ya que por ética profesional no recibimos dinero de trabajos no realizados”.

En un video de la cuenta de la Central Punta Catalina en YouTube, colocado el 10 de junio pasado, Jamie Aristy Escuder presenta a Rubén Cotes, al que describe como un técnico con mucha experiencia en el Organismo Coordinador y “que ahora es parte del equipo de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”, en el área de la dirección comercial.

El empleado de la Central de Punta Catalina, explica que la prueba VEROPE surgen a partir del año 2010, por una necesidad que tenía el sector en ese momento de determinar “cuál era el verdadero mínimo técnico (potencia) de la central”.

Y que es a partir de esa necesidad que nace el proyecto VEROPE, con lo que se buscaba determinar cuáles son los tiempos mínimos de paradas y de arranque, la potencia mínima técnica, “entre otras variables de tiempos” de la generadora.

La idea es conocer, en los casos de que una unidad de la Central salga de línea, qué tiempo le llevaría en reingresar nuevamente, según Cotes.

Conforme el comunicado, el Grupo Canario le comunica a la CDEEE que la oferta de pago propuestas, por trabajo no realizado “viola lo establecido en la sección 8.1.4 del Contrato y de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y Su Reglamento de Aplicación, el Decreto 543-12”.

Eso es con respecto a la unidad número 2 de la Central de Punta Catalina. Pero con respecto a la unidad número uno, que opera desde el 6 de julio de 2019, Serafín Canario afirma en su comunicado que “no pasó las pruebas de VEROPE”, debido a que “nunca logró la situación de operación en condiciones normales, como se requiere en la normativa de dichas pruebas”.

Las causas, según Canario, se debieron a casos como que el flujo de vapor sobrecalentado desde la caldera a la turbina de alta presión, así como el factor de potencia del generador “se encontraban fuera de los límites establecidos por sus fabricantes y por las especificaciones técnicas de la central entregadas por el contratista a la CDEEE”, el 30 de octubre del 2013.

En su comunicado afirma que la Superintendencia de Electricidad y el Organismo Coordinador reconocieron y aceptaron los resultados de las pruebas realizadas por el Grupo Canario que indicaron “el incumplimiento grave de la unidad uno”. Pero que, sin embargo, decidieron “concederle el certificado de aceptación y habilitación para la operación comercial de Punta Catalina 1 bajo el supuesto de que en el futuro en dicha planta se introducirían los cambios de lugar”.

Este reportero se comunicó directamente con el ingeniero Canario. En la conversación, explicó que el hecho de que no se superara la prueba VEROPE, se basó en que “la planta trabajó fuera de los límites establecidos por el fabricante”.

Bajo esas condiciones, explicó, no “pueden aprobar esos parámetros que hay en esos informes como buenos y válidos, para certificar que la planta pasó la prueba”.

La coletilla acordada

Para sustentar esa aprobación irregular, según Canario, se introdujo lo que se denominó como “la coletilla acordada” entre la Corporación Dominicana de Electricidad (CDEEE); la Superintendencia de Electricidad, y la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Según el contratista, lo que dice la coletilla es “que iban a probar esos parámetros, que estaban en el informe, sujeto a que en el futuro la Central Termoeléctrica Punta Catalina demostrara que puede cumplir con esos parámetros”.

El costo de una mejor capacidad

Sobre la capacidad nominal de las unidades de Punta Catalina, que son 376 MW cada una, declaró: “Si ellos declaran 376 MW, aunque la planta no da eso, y como cada kilo se paga por 10 dólares, esa planta está perdiendo mensualmente, por no haber pasado esa prueba, 3.7 millones de dólares mensuales”.

Un cálculo simple revela que eso representa, para las dos unidades en conjunto y que pagan los contribuyentes, unos 44.4 millones de dólares anuales.

Una costosa coletilla acordada por una central a carbón que rompió el techo de todo costo razonable.

El 18 de marzo, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, estimó el costo final en US$2,440 millones. El funcionario se refiere a una obra cuya construcción fue contratada con una inversión de US$1,945 MM, por lo que reconoció un incremento de un 25.4%.

Sin embargo, otras estimaciones, como el experto en energía, Antonio Almonte, proyectan el costo a unos US$3,322 millones.

El último incremento en el costo salió a luz en abril pasado, cuando el Gobierno dominicano aceptó pagarle US$395 millones al Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, como pago adicional por la construcción de la Termoeléctrica Central Punta Catalina, como parte del acuerdo al que arribaron para suspender la demanda sostenida por esas empresas en la Cámara de Comercio Internacional (ICC), de Nueva York.

El acuerdo tuvo como telón de fondo el avance indetenible de la pandemia del COVID-19, que tumbó los ingresos fiscales del gobierno, incrementó sus gastos, redujo a cero el ingreso de divisas por turismo y paralizó a la economía